La protección al jugador en el régimen peruano no es solo una lista de prohibiciones: tiene financiamiento propio. El marco legal destina una fracción de la recaudación del sector a acciones de prevención y sensibilización sobre los efectos del juego — la pieza presupuestal de la política de juego responsable.
Qué financia
Las acciones financiadas son las de prevención y sensibilización: campañas y programas orientados a informar sobre los efectos del juego y a reducir su daño. El artículo 3-b de la Ley N.° 27153 impone además al sector medidas de protección para los grupos vulnerables, y la propia DGJCMT reporta el alcance de esa labor — la página de ludopatía del portal consigna 67.000 personas sensibilizadas entre 2007 y diciembre de 2015.
Cómo se conecta con el resto de la protección
El financiamiento de la prevención es una de las tres patas de la protección peruana: las otras dos son el Registro de Personas Prohibidas — el mecanismo de exclusión por inscripción voluntaria o a solicitud de la familia— y las obligaciones de los operadores regulados de impedir el acceso de menores y de personas registradas.
- Sensibilización y prevención: campañas y programas financiados por la recaudación del sector.
- Exclusión: el registro de personas prohibidas, por inscripción voluntaria o a solicitud de la familia.
- Obligaciones del operador: impedir el acceso de menores y registrados, e implementar medidas de juego responsable.
La orientación del gasto es lo que distingue al fondo de una simple recaudación: el dinero no se limita a ingresar al fisco, sino que una fracción se destina a mitigar el daño que la actividad misma puede generar. Es la lógica de responsabilidad incorporada al diseño tributario del sector.
La sensibilización reportada por la autoridad muestra el alcance de esa labor en cifras: decenas de miles de personas alcanzadas por las acciones formativas durante los primeros años de implementación. La página de ludopatía del portal oficial es el punto donde se concentra el material.